Este decreto supone la adaptación de la legislación catalana a la directiva europea Bolkestein y pretende poner fin a la proliferación de grandes superficies en la periferia de las ciudades. Para ello, la Generalitat ha creado el concepto de Tramas Urbanas Consolidadas (TUC), es decir, las áreas comprendidas en suelo urbano o urbanizable, de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente, en las que se podrán implantar usos comerciales.

El objetivo es que los nuevos centros comerciales, independientemente de su superficie, se instalen dentro de la ciudad, favoreciendo así la cohesión social, la movilidad sostenible y la pluralidad de formatos comerciales.

Si la superficie tiene entre 1.300 y 2.500 metros cuadrados, será la Dirección General de Comercio la que controlará su implantación. No se podrán implantar grandes superficies en lugares desiertos, pero ello tampoco quiere decir que se permitan justo en el medio de la trama urbana.

Además, la modificación de la ley da a los ayuntamientos la potestad de autorizar los establecimientos comerciales de hasta 1.300 metros cuadrados (m²). Los centros de mayor tamaño requerirán del visto bueno de la Generalitat.

Además, estos equipamientos deberán presentar un documento que contenga una declaración responsable de su actividad, garantizando que cumplen con todos los requisitos de movilidad, urbanismo y medio ambiente exigidos.

A partir de 2.500 metros cuadrados, hará falta la licencia comercial de la Generalitat, ya que esas grandes superficies tienen un efecto sobre la movilidad o la densidad del tráfico, por ejemplo.

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