España acaba de asumir la presidencia semestral de la Unión Europea, durante los próximos seis meses se celebrarán varias cumbres en ese sentido. Una de ellas será el próximo mes de marzo y Avilés estará entre las ciudades protagonistas.

El Gobierno ha organizado para los próximos días 25, 26 y 27 de marzo una cumbre que se celebrará en Palma de Mallorca en la que participarán todos los ministros de Trabajo de los países de la Unión Europea. A lo largo de los tres días se analizarán varias experiencias de buenas prácticas y una de ellas es la puesta en marcha de las cláusulas sociales para la contratación que el Ayuntamiento  de Avilés aprobó el pasado mes de julio por mayoría y que ya se han aplicado en nueve de los contratos municipales que la administración local ha firmado desde entonces.

La alcaldesa, Pilar Varela, expondrá ante los ministros de la Unión Europea el documento aprobado por el Pleno en el que se recogen las instrucciones para incluir criterios sociales en la contratación pública en el Ayuntamiento de Avilés. Será una de las experiencias que se recojan como buena práctica. Avilés, es el único ayuntamiento que ha diseñado y aplica este criterio que trata de atender a las personas con especiales dificultades. Hasta ahora se han firmado nueve contratos basándose en estas cláusulas, que han supuesto la entrada en el mercado laboral de más de 40 personas en riesgo de exclusión.

Las cláusulas sociales tratan de beneficiar a la hora de encontrar empleo a aquellos colectivos que cuentan con especial dificultad para insertarse en el mercado laboral y lo hacen de distintas formas. Una es la condición especial de ejecución, es decir, aquel sistema en el que en los pliegos de contratación redactados por el Ayuntamiento se incluye una cláusula en la que se señala que la empresa debe contratar un porcentaje de trabajadores en riesgo de exclusión. Este porcentaje va entre el 30 y el 50%.

Según la normativa municipal, la incorporación de las cláusulas sociales en los criterios de adjudicación sólo se puede hacer en aquellos contratos administrativos de obras, servicios o suministros cuyo presupuesto de licitación sea superior a cien mil euros y su plazo de ejecución no sea superior a cuatro meses.

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